Hablar de salud mental sigue siendo, en muchos contextos, hablar de algo que le pasa a las personas por dentro. Un problema individual. Una fragilidad. Una cuestión de carácter o de genética. Esa mirada -reduccionista, despolitizada- ha dominado durante décadas los sistemas de atención, los discursos públicos y, con demasiada frecuencia, las propias percepciones de quienes sufren y sus entornos.
En AIRE partimos de una premisa diferente: la salud mental se construye -o no- en las condiciones concretas en que vivimos. Tiene que ver con si hay comida en la mesa, con si el barrio es seguro, con si alguien te escucha cuando llegas a casa, con si puedes ejercer tus derechos o si esos derechos son sistemáticamente negados. La pobreza enferma. La violencia enferma. La discriminación enferma. No como metáfora, sino como mecanismo real y documentado. Hablar de salud mental sin hablar de desigualdad estructural es hablar a medias.
la salud mental se construye -o no- en las condiciones concretas en que vivimos.
Esta perspectiva -la que sitúa los determinantes sociales en el centro- es especialmente urgente cuando hablamos de niñas y niños. Las infancias tienen una visibilidad muy particular en los debates y políticas sobre salud mental: casi ninguna. Sus malestares se normalizan, se minimizan o se medican sin preguntarles qué les pasa ni en qué mundo están creciendo. Pero niñas y niños son sujetos políticos. Sus cuerpos, sus emociones y sus formas de estar en el mundo están atravesadas por las mismas condiciones estructurales que afectan a las personas adultas, con una dimensión añadida: ellos y ellas dependen de entornos que, muchas veces, no están en condiciones de protegerlos.
México ha dado pasos importantes en el plano normativo. En mayo de 2022 se aprobó una reforma trascendental a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, resultado de un largo esfuerzo de personas usuarias, activistas, organizaciones de derechos humanos y colectivos que apostaron por un sistema de atención comunitario. La reforma establece que los servicios y programas en salud mental deberán privilegiar la atención comunitaria, integral, interdisciplinaria, intercultural, intersectorial y con perspectiva de género. Son avances significativos, sin duda. Pero la brecha entre lo que dice la ley y lo que viven las personas en su día a día sigue siendo enorme. Tres años después de la reforma, la conversión del sistema hacia un modelo comunitario sigue siendo, en gran medida, una aspiración.
La salud mental como derecho humano exige que el Estado -el Estado mexicano, y los estados en general- garantice las condiciones materiales y sociales que la hacen posible. Exige políticas que reconozcan que el malestar de una niña o un niño tiene historia, tiene contexto, tiene nombre. Y exige, también, que las comunidades, las familias y las redes de apoyo sean reconocidas y fortalecidas como parte constitutiva de esa garantía, no como sustitutos baratos de lo que el Estado no provee.
Desde AIRE, creemos que acompañar el bienestar psicosocial de las infancias es, ante todo, un acto político. No trabajamos sobre individuos rotos, en falta. Trabajamos con personas que viven en condiciones que producen sufrimiento, y que merecen entornos que cuiden, protejan y sostengan. Eso es lo que nos convoca.